El pasado 9 de Febrero del presente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Ese decreto, que entró formalmente en vigor el pasado 9 de Abril, crea un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil cuyo objetivo es combatir los delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada que se han venido dando últimamente en México. Este decreto establece como obligación a todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones de llevar un registro y control de usuarios de líneas de teléfonos móviles contratadas en las modalidades de plan tarifario y de prepago mediante la recopilación de una serie de datos personales como son el nombre, domicilio, nacionalidad, número telefónico, los datos contenidos en la credencial para votar y otros requisitos como son la comprobación del domicilio actual del usuario conforme a un comprobante e inclusive la toma e impresión de su huella dactilar, ya sea en tinta, o en forma electrónica o digital. Asimismo, la reforma prevé las siguientes obligaciones a cargo de las empresas de telefonía celular y móvil: (i) conservar las copias fotostáticas o en medios electrónicos de los documentos utilizados para llevar a cabo el registro y control y la reserva y protección de las bases de datos personales en donde se encuentre dicha información; (ii) conservar un registro y control de comunicaciones, tales como transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos, reenvío o transferencia de llamadas o servicios de mensajería o multimedia, fecha, hora y duración de la comunicación, la ubicación geográfica de las líneas telefónicas; (iii) entregar dentro de las 72 horas, los datos al Procurador General de la República o Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, cuando lleven a cabo investigaciones sobre delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada; (iv) bloquear de inmediato las líneas contratadas bajo cualquier modalidad, reportados por los clientes o usuarios como robados o extraviados, entre otras.
La fracción VI del articulo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece multas y sanciones para los concesionarios de 10,000 a 100,000 salarios mínimos (Aproximadamente el equivalente a $548,000.00 a $5’480,000.00 pesos Mexicanos) por no cumplir con las obligaciones establecidas en las fracciones XI-XV del artículo 44.
Tengo mis dudas realmente, de que ese registro de usuarios ayude a reducir drásticamente los delitos de extorsión telefónica y delincuencia organizada en el secuestro de personas, Mas aun, es de preocupar la lista de datos personales que estarán en posesión de las empresas telefónicas, sus empleados y en sus respectivas bases de datos las cuales gozan de cierta libertad al no estar todavía reglamentadas por una ley específica en la materia. Asimismo, no deja de preocupar el hecho de que toda la información de los ciudadanos que cuenten con un teléfono móvil contenida en el registro estará disponible para las procuradurías federales y estatales cuando tengan que hacer investigaciones relacionadas con la comisión de delitos graves o en materia de delincuencia organizada.
Considero que el alcance de la reforma tendrá repercusiones futuras muy serias en materia de privacidad y protección de datos, sino se establecen salvaguardas y sobre todo los mecanismos de seguridad técnicos y jurídicos necesarios para proteger la información que estará en manos tanto de las empresas telefónicas como de las autoridades judiciales encargadas de perseguir delitos.
Vale la pena recordar el caso Choice Point de Abril de 2003 en donde la filial de esa empresa americana en México adquirió la base de datos del padrón electoral, y por ende, toda la información de los ciudadanos mexicanos. Este caso, que al día de hoy no ha sido todavía resuelto en los tribunales judiciales, representa un claro ejemplo y sobre todo una urgente necesidad de tener que regular los datos personales a través de una legislación y sobre todo establecer sanciones, castigos y multas más altas para las empresas que vendan o comprometan información personal de los mexicanos.
El Artículo 44 secciones IX- XV de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece lo siguiente:
“Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:
I. a VIII. …
IX. Abstenerse de establecer barreras contractuales, técnicas o de cualquier naturaleza a la conexión de cableados ubicados dentro del domicilio de un usuario con otros concesionarios de redes públicas;
X. Actuar sobre bases no discriminatorias al proporcionar información de carácter comercial, respecto de sus suscriptores, a filiales, subsidiarias o terceros;
XI. Llevar un registro y control separado de sus usuarios, tanto en la modalidad de líneas contratadas en plan tarifario, como en líneas de prepago, el cual contenga como mínimo los siguientes datos:
a) Número y modalidad de la línea telefónica;
b) Nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y demás datos contenidos en identificación oficial vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma de impresión de huella dactilar directamente en tinta y/o electrónicamente;
c) En caso de personas morales, además de los datos de los incisos a) y b), se deberá registrar la razón social de la empresa, cédula fiscal y copia del documento que acredite capacidad para contratar.
Los concesionarios deberán conservar copias fotostáticas o en medios electrónicos de los documentos necesarios para dicho registro y control; así como mantener la reserva y protección de las bases de datos personales, las cuales no podrán ser usadas con fines diferentes a los señalados en las leyes;
XII. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:
a) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);
b) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifarío, como en la modalidad de líneas de prepago;
c) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia;
d) Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;
e) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y
f) La obligación de conservación de datos a que se refiere la presente fracción cesa a los doce meses, contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.
Los concesionarios tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control;
XIII. Entregar los datos conservados, al Procurador General de la República o Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas, cuando realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias.
Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en el párrafo anterior, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.
Los concesionarios están obligados a entregar la información dentro del plazo máximo de setenta y dos horas siguientes contados a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad judicial.
El Reglamento establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los legalmente autorizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizado;
XIV. Realizar el bloqueo inmediato de las líneas contratadas bajo cualquier modalidad, reportados por los clientes o usuarios como robados o extraviados; realizar la actualización respectiva en el registro de usuarios de telefonía; así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales.
En caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía en cualquiera de sus modalidades de contratación, deberán dar aviso al concesionario, a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto sea registrado el nuevo usuario, conforme a la fracción XI del presente artículo, y
XV. Informar a los clientes o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, previo a su venta, de la existencia y contenido del registro y su disponibilidad a los agentes facultados.”
